HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. — Wander Alberto Núñez Mercedes, conocido como «Philip», uno de los detenidos durante la Operación Rompeolas, figuraba como representante provincial del Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), dependencia del Ministerio de Interior y Policía, y permanecía registrado en la nómina de octubre de 2026, según una investigación publicada por el medio El Testigo.
El hallazgo ha puesto bajo atención la vinculación laboral del imputado con una institución estatal, mientras enfrenta una investigación por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
Figuraba como empleado fijo hasta octubre
De acuerdo con los documentos administrativos citados por El Testigo, Núñez Mercedes ingresó al Ministerio de Interior y Policía el 1 de diciembre de 2024, con un salario bruto mensual de RD$35,000.
En la nómina de octubre de 2026 aparecía como empleado fijo, con un salario neto de RD$32,906.50, apenas un mes antes de su detención.
Además, el 9 de febrero de 2025, la institución lo identificó entre los inspectores participantes en la Operación Garantía de Paz, desarrollada en Higüey para supervisar establecimientos comerciales y verificar el cumplimiento de las normas sobre bebidas alcohólicas.
Su nombre aparece entre los 22 imputados
Núñez Mercedes figura entre las 22 personas contra quienes el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por la Operación Rompeolas, ejecutada el jueves 19 de noviembre mediante 65 allanamientos simultáneos.
Según las autoridades, la presunta organización utilizaba localidades como Higüey y Miches para coordinar el traslado de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia hacia Puerto Rico, mediante embarcaciones rápidas.
En el operativo participaron más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes, con intervenciones en varias provincias del país.
Interior y Policía aún debe aclarar su situación
Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si Núñez Mercedes fue desvinculado de la institución después de octubre, ni se han precisado las funciones específicas que presuntamente desempeñaba dentro de la organización investigada.
La audiencia para conocer las medidas de coerción está fijada para el lunes 23 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en el Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia.
La detención y la solicitud de prisión preventiva no constituyen una declaración de culpabilidad, por lo que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.
Fuentes: El Testigo, Somos Pueblo y reportes del Ministerio Público.









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