HIGÜEY, LA ALTAGRACIA.- Más de 200 propietarios de las comunidades Hoyo Claro y La Jardita hicieron un llamado urgente al Gobierno Central y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante lo que denuncian como una amenaza de desalojo de terrenos ocupados por familias con más de un siglo de arraigo en esta zona de la provincia La Altagracia.
La denuncia fue presentada por la Asociación Gestora de Proyectos Turísticos, Agrarios y Ganaderos para el Desarrollo y Beneficio de La Jardita y Hoyo Claro (ASOGESPROTURA), organización que asegura que la situación amenaza el patrimonio y la historia de familias establecidas en estos terrenos durante varias generaciones.
De acuerdo con la asociación, el pasado 17 de julio los propietarios recibieron una notificación procedente de las oficinas locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual se les habría concedido un plazo de 15 días para destruir sus viviendas, retirar sus animales y abandonar los terrenos.
Piden intervención del ministro de Medio Ambiente
Ante la situación, los comunitarios solicitaron directamente la intervención de las autoridades nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, al considerar que las decisiones que se estarían tomando a nivel local deben ser revisadas.
ASOGESPROTURA también formuló fuertes señalamientos contra autoridades locales, alegando que podrían existir intereses empresariales detrás de las acciones relacionadas con los terrenos. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia de la organización y no aparecen acompañadas en la nota de prensa por una respuesta de las autoridades señaladas ni por documentación que demuestre dicha acusación.
Los propietarios sostienen que la medida estaría siendo sustentada en una resolución de carácter medioambiental, mientras ellos defienden que poseen derechos históricos y legales sobre las tierras.
Familias aseguran estar allí desde el siglo XIX
Uno de los principales argumentos presentados por los comunitarios es precisamente la antigüedad de su presencia en la zona.
Según la documentación citada por ASOGESPROTURA, la familia Ramírez posee una extensión de aproximadamente 2,300 tareas desde el año 1868, por lo que rechazan ser considerados invasores o habitantes recientes de esos terrenos.
La asociación relata además que estas familias lograron mantener y desarrollar su patrimonio incluso después de acontecimientos difíciles, entre ellos la fuerte sequía registrada en 1944.
Los testimonios recopilados por la organización buscan demostrar que Hoyo Claro y La Jardita no representan únicamente terrenos para las familias involucradas, sino comunidades en las que han nacido y crecido varias generaciones.
Como ejemplo de ese arraigo histórico, la nota recuerda a Dolores Soriano, quien habría sido la partera de los 15 hijos de la familia Pache Berroa.
También menciona a la familia Sierra Paniagua, señalada como propietaria de unas 2,500 tareas, donde crió a nueve hijos. Según la organización, el menor de ellos actualmente supera los 60 años de edad.
“Es nuestro hogar”
Los directivos de ASOGESPROTURA aseguran que las tierras permitieron durante décadas el sustento de las familias y la formación de numerosos profesionales.
“Tenemos una historia de dolor, sangre, sacrificio, pero también de prosperidad”, expresaron los representantes de la organización, quienes indicaron que sobrevivientes de generaciones anteriores todavía están vivos y estarían dispuestos a participar en una rueda de prensa para relatar públicamente la historia de las comunidades.
Han solicitado ayuda a varias instituciones
Ante la proximidad del plazo denunciado, ASOGESPROTURA asegura haber enviado comunicaciones formales a distintas instituciones buscando una intervención que permita revisar la situación antes de cualquier actuación sobre los terrenos.
Entre las entidades contactadas se encuentran la Alcaldía de Higüey, la Gobernación Provincial, la Junta Distrital de Verón-Punta Cana y la dirección del programa Comunidad Segura en Santo Domingo.
Asimismo, las familias hicieron un llamado a medios de comunicación nacionales, periodistas de investigación e influencers para que conozcan el conflicto y den seguimiento al proceso.
Los comunitarios sostienen que defenderán el patrimonio heredado de sus antepasados y argumentan que ninguna resolución administrativa debería colocarse por encima de los derechos que entienden les garantiza la Constitución de la República Dominicana.
Aseguran, además, que se trata de las mismas tierras donde nacieron y crecieron varias generaciones y donde permanecen sepultados algunos de sus antepasados.
La situación mantiene en alerta a las familias de Hoyo Claro y La Jardita, que ahora esperan una intervención de las autoridades nacionales de Medio Ambiente y una revisión del procedimiento denunciado antes de que se produzca cualquier desalojo.
También puedo sacarte de este mismo caso 5 títulos mucho más dramáticos y de alto impacto, porque aquí hay material para un titular fuerte sin caer en afirmar como probado lo que todavía es una denuncia.
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