Un estudio sobre los determinantes del castigo físico y la violencia psicológica examina las creencias y expectativas sociales que influyen en las prácticas de crianza en el hogar.
SANTO DOMINGO, República Dominicana, martes 20 de octubre de 2026— ¿Por qué persiste el castigo físico como práctica de crianza incluso cuando la mayoría de las madres, los padres y las personas cuidadoras no lo consideran necesario para educar? Los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025 revelan esta contradicción: mientras solo el 12.1 % de las madres y personas cuidadoras considera necesario el castigo físico, el 54.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años fue disciplinado mediante algún método de disciplina violenta. Esta proporción aumenta al 61.4 % entre los niños y niñas de 3 a 4 años.
Para comprender los factores que explican esta brecha entre las creencias y las prácticas de crianza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio cualitativo que examina los determinantes sociales, psicológicos y ambientales que contribuyen a mantener y reproducir la disciplina violenta en los hogares dominicanos.
El castigo físico vulnera la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La evidencia científica demuestra que la exposición a la violencia y al abuso durante la niñez puede generar estrés tóxico, un proceso bioquímico que afecta el desarrollo cerebral y puede tener efectos negativos severos y duraderos en la salud, el aprendizaje, las oportunidades futuras y el bienestar. Sus consecuencias trascienden el ámbito individual y representan un obstáculo para el desarrollo social y económico del país.
“Todavía existe una idea profundamente arraigada de que para que un niño o niña respete hay que hacerle sentir miedo. El reto es demostrar, desde la familia, la escuela y la comunidad, que poner límites y ejercer autoridad no significa recurrir a la violencia”, afirmó Carlos Carrera, representante de UNICEF República Dominicana.
Los datos de la ENHOGAR-MICS 2025 muestran que solo un 12.1 % de las madres y personas cuidadoras considera necesario el castigo físico; sin embargo, el 54.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años fue disciplinado mediante algún método de disciplina violenta, subiendo a un 61.4% entre los niños y niñas entre 3 y 4 años. La prevalencia de la disciplina violenta es generalizada, con pocas diferencias según el lugar la residencia (rural o urbano), el nivel de riqueza del hogar o el nivel educativo de la madre. El castigo físico implica utilizar la fuerza para causar dolor o malestar como forma de corrección, mientras que la disciplina violenta abarca también formas de agresión psicológica, como insultos, amenazas y humillaciones.
La brecha entre lo que dice y hace la persona que cría apunta a un problema que va más allá de una decisión individual: las normas sociales pueden enmascarar la violencia cuando esta se interpreta como corrección o como una forma legítima de ejercer autoridad. Para profundizar en estos factores, UNICEF realizó el Estudio sobre los determinantes asociados al castigo físico y la violencia psicológica contra niñas, niños y adolescentes en el hogar en la República Dominicana.
La investigación se fundamenta en el Modelo de Determinantes del Comportamiento, desarrollado por UNICEF y la Universidad de Pennsylvania en 2019. Este enfoque de investigación cualitativa permite analizar los factores que influyen en las conductas y ha sido utilizado en intervenciones en distintos países. El estudio analizó 110 variables para identificar los principales factores que favorecen el castigo físico y la violencia psicológica, así como las barreras que dificultan su eliminación.
A partir de entrevistas a 431 personas, la investigación identifica las normas sociales que fundamentan, reproducen y perpetúan la disciplina violenta como forma de crianza. Además, adopta un enfoque de ciclo de vida para examinar las diferencias en los tipos y la severidad del castigo físico durante la primera infancia, la niñez y la adolescencia.
El estudio incorpora también un análisis interseccional sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia en el país, que examina cómo factores como el género, la edad, la situación de discapacidad y la racialización influyen en las experiencias y manifestaciones de la disciplina violenta.
Las creencias que legitiman la disciplina violenta
Uno de los principales hallazgos del estudio es que persiste la idea de que la violencia constituye una forma válida de corregir o educar. Las creencias sobre la obediencia, la autoridad adulta y el comportamiento esperado de niñas, niños y adolescentes pueden hacer que el castigo se perciba como justificado, incluso cuando vulnera sus derechos.
Estas ideas se transmiten entre generaciones y se refuerzan mediante las expectativas sociales sobre cómo deben ejercer la disciplina las madres, los padres y las personas cuidadoras. El temor a ser considerados permisivos o malos padres puede llevar a algunos adultos a recurrir al castigo violento para obtener reconocimiento social. A su vez, la ausencia de lesiones visibles y la percepción de que el castigo fue proporcional a la conducta pueden dificultar que estas prácticas se reconozcan como formas de violencia.
Un testimonio recogido durante la investigación ilustra cómo las ideas de obediencia y autoridad pueden utilizarse para justificar el castigo físico. Uno de los padres entrevistados relató un episodio en el que exigió a una niña que realizara una tarea doméstica:
“A la niña, la mamá la mandó a fregar; y dijo, ‘no voy a fregar nada’. Entonces, yo corté un cordoncito de esos cables. Digo, ‘si no friega…’ Y no quería fregar, ‘no voy a fregar, tú sabes que no voy a fregar’. Yo contesté ‘tú vas a fregar. Tú vas a fregar’, porque yo soy temeroso de Dios. Entonces, si Dios me exige a mí, yo tengo que exigirle al que está por debajo de mí”.
En este fragmento, el participante vincula la autoridad paterna con una posición jerárquica que, desde su interpretación, le otorga el poder de ejercer la violencia para obtener obediencia.
A su vez, el relato continúa con la descripción del castigo físico como un medio para conseguir que la niña cumpla la instrucción:
“Entonces, dijo, ‘no voy a fregar’ y se puso a jugar, y ¡Fua! Cuando le di el fuetazo, entonces fue corriendo a fregar, porque tiene que existir un respeto del niño al padre y es la única forma. Porque los niños quieren jugar con usted y creen que usted es un maniquí, y no es así. El padre tiene que exigirle el respeto al niño”, narra el mismo participante.
Dicho testimonio muestra cómo la violencia puede justificarse como un recurso disciplinario, mientras que la posibilidad de establecer límites sin recurrir al miedo o al dolor queda fuera de las alternativas que describe. Cuestionar esta asociación es fundamental para promover una concepción del respeto que no dependa del temor y que reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
El informe señala, además, que el estrés, el cansancio y la sobrecarga de cuidados, que generalmente recaen sobre las mujeres, pueden limitar la capacidad de responder de manera reflexiva ante situaciones de conflicto. También influyen la historia personal de crianza, las condiciones de vida y la disponibilidad de apoyo, factores que inciden en las alternativas que las personas cuidadoras consideran posibles en esos momentos.
Cuando querer cambiar no basta
Reconocer los efectos negativos del castigo físico no garantiza que las personas cuidadoras puedan modificar sus prácticas. Muchas necesitan herramientas concretas para manejar conflictos, establecer límites y responder a las distintas etapas del desarrollo infantil, además de acompañamiento continuo y acceso a apoyo psicosocial.
Asimismo, la crianza basada en el respeto también enfrenta prejuicios que la presentan como permisiva, poco efectiva o exclusiva de las familias con mayores recursos. Superar estas barreras requiere mostrar alternativas adaptadas a distintas realidades y ofrecer oportunidades para ponerlas en práctica, especialmente en situaciones de estrés y sobrecarga.
Las necesidades tampoco son iguales para todas las familias. La investigación destaca factores de vulnerabilidad relacionados con la discapacidad, el género, las condiciones socioeconómicas y el territorio, que deben tenerse en cuenta al diseñar respuestas de prevención y acompañamiento.
De los hallazgos a las respuestas
Para abordar los factores que sostienen la disciplina violenta, el estudio recomienda una respuesta coordinada en los ámbitos legal, institucional, comunitario, familiar e individual.
Entre sus principales propuestas figuran establecer una prohibición expresa del castigo físico y la violencia psicológica en todos los ámbitos, armonizar el marco normativo para eliminar sin excepción la disciplina violenta e incorporar la crianza basada en el respeto como política pública intersectorial.
Asimismo, plantea mejorar la coordinación entre las instituciones de protección, salud, educación, justicia y protección social; fortalecer la detección temprana y las rutas de atención; y ampliar el acompañamiento práctico y psicosocial a las familias. También propone promover la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y garantizar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afectan.
Los datos de la ENHOGAR-MICS 2025 muestran la magnitud de las prácticas de disciplina violenta, mientras que el estudio de UNICEF ayuda a comprender los factores que contribuyen a mantenerlas e identifica áreas concretas de intervención. La respuesta, por tanto, exige algo más que promover el rechazo al castigo: requiere transformar las normas que lo justifican y asegurar que las familias cuenten con herramientas y apoyos para educar sin violencia.
La importancia de iniciar la conversación
La forma en que se habla de crianza y autoridad puede contribuir a cuestionar la violencia o a enmascararla. Según el estudio, justificar el castigo, minimizar sus efectos o presentarlo como parte de la identidad cultural refuerza su normalización. Asimismo, las narrativas centradas exclusivamente en agresiones extremas pueden invisibilizar formas cotidianas de violencia física y psicológica.
Citada investigación propone establecer alianzas estratégicas para promover nuevas formas de entender la crianza y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer libres de violencia. Se trata de una responsabilidad compartida que exige la participación de las familias, las comunidades, las instituciones y la sociedad en su conjunto.
Transformar las normas sociales es un desafío complejo, pues implica no solo modificar los conocimientos y las actitudes individuales, sino también fortalecer los entornos familiares, comunitarios e institucionales para que respalden prácticas de crianza diferentes. La historia demuestra que las transformaciones culturales son posibles cuando se impulsan de manera decidida y sostenida desde el Estado y la sociedad.
Aunque este proceso requiere tiempo y esfuerzo, el cambio es posible y necesario para que todas las niñas, todos los niños y adolescentes puedan crecer en entornos seguros, recibir una crianza respetuosa y ejercer plenamente sus derechos.
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