Las malas mañas de abogados, las recusaciones a jueces sin justificación, ausencias de los propios abogados que obligan a suspender los casos, pueden hacer que los procesos duren años y años convirtiéndolos en una pesadilla para las victimas.
¿Tan facil es retardar un proceso judicial en en curso?
Punta Cana. Un retardo procesal es un retraso injustificado en la tramitación de un juicio, particularmente en dictar sentencia.
La mora en el sistema judicial dominicano es un grave problema que afecta desde hace muchos años e incide negativamente en la administración de justicia.
¿Pero que puede hacer que un proceso judicial tenga retrasos? Para el abogado y profesor universitario Jonase Carpio, existen varios factores que puedan influir en que estos procesos presenten mora.
“Hay muchas cosas que no dependen del abogado ni del Ministerio Público. Cualquier cosa te puede retardar un proceso, pues al haber tantas personas involucradas se pierde un poco el control. El Ministerio Público si se le está venciendo un plazo pudiera boicotear su propio proceso, ya que tiene tres meses para presentar una acusación”, sostiene Carpio.
El jurista destaca que si no se presenta en tres meses la acusación, el abogado de la defensa o el juez de oficio intima al Ministerio Público a presentar tal acusación y si no es así el caso queda “desierto”.
A su juicio, en los tribunales del país una de las causas por las que se atrasan los procesos judiciales es porque no está la presencia del imputado. En otros países, indica Carpio, la norma permite al imputado juzgarlo sin estar presente más no así en República Dominicana, donde no hay forma que se conozca una audiencia si el imputado no está.
“Eso no depende ni del abogado, ni del juez, quizás un poquito del Ministerio Público. Muchas veces tienes el caso de que tienes una persona que está siendo procesada, está guardando prisión y se encuentra por ejemplo en la cárcel de Najayo, pero el caso fue en La Altagracia, entonces no se hace el traslado a tiempo de una persona, las audiencias comienzan a las nueve de la mañana, el juez tiene el turno de esa audiencia, no está el imputado, ¿qué va a pasar? un aplazamiento de la audiencia”, explicó el jurista.
Otra causa es que la víctima no vaya pero debe estar representada por su abogado y si no lo está tiene necesariamente que aplazarse el proceso.
En este orden de ideas, Carpio detalló que sucede muchas veces que los abogados solicitan diligencias al Ministerio Público, según el artículo 11 del Código Procesal Penal, es decir buscar pruebas a cargo y descargo. “En la realidad sucede que el Ministerio Público busca pruebas a cargo porque le interesa es acusarte y condenarte”, dijo.
En la etapa preliminar, según este abogado, esos elementos tienen que estar antes de la audiencia, si no está eso genera un aplazamiento. Tales situaciones se daban con frecuencia en la pandemia ya que se exigía pruebas negativas de covid-19 o también el imputado o las partes presentan una certificación médica que le impide asistir.
¿Puede haber situaciones en que las partes por conveniencia pueden atrasar un proceso o sobornar para tales fines? El abogado Jonase Carpio cree que eso sea difícil porque existen muchos recursos antes de que se pueda tratar de sobornar a alguien para que retrase, uno de ellos es la propia recusación, donde las partes pudiera entender, por ejemplo, que el juez está parcializado o no tiene una conducta ética y se le exhorta a inhibirse.
La recusación es otro factor para que un proceso se paralice porque eso va ante el Tribunal Superior, en el caso de esta región, va a el Tribunal de San Pedro de Macorís.
Ausencia de jueces
Carpio sostiene que en el país hay una deficiencia de jueces y puso como ejemplo que recientemente se hizo un concurso en la que participaron alrededor de dos mil abogados y solo pudieron reunir las condiciones tres para poder ser juez.
“Hay deficiencias en la cantidad de jueces aunado de toda una serie de conocimientos, que incluyen hasta historia universal y todo eso limita la cantidad de abogados que pudiera participar y ser jueces”.
En el caso de la provincia La Altagracia, la mayoría de los jueces son mujeres y eso implica permisos por embarazos y otras situaciones, que hacen que los casos se acumulen.
Sin embargo, Carpio considera que en los últimos dos años el Poder Judicial ha experimentado una “agilización de los procesos y eso se ha demostrado en la intimación de oficio, además de actos que se pueden resolver de forma administrativa sin llamar a audiencias.
Esta es una provincia con un gran auge turístico, con alrededor de más 400 mil habitantes y más de 3 mil kilómetros cuadrados. “Tenemos un solo Palacio de Justicia con más de 50 años y con pocas salas, eso empeora”, manifestó.
El abogado destacó que si han pasado 4 años desde que se abrió el proceso judicial y no ha habido una condena, inmediatamente se puede aplicar lo que establece la normativa procesal penal con respecto a la extinción del proceso.
