PUNTA CANA, La Altagracia. El caso de presunta corrupción que involucra a un inspector de control migratorio en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana dio un nuevo giro este lunes, luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado Carlos Javiel Sánchez Terrero, acusado de exigir RD$100,000 a una mujer para facilitar su viaje hacia España.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, pero la audiencia fue aplazada para el próximo 2 de julio, fecha en la que un juez decidirá si el inspector enfrentará el proceso privado de libertad.
Según el expediente, la investigación comenzó después de que la víctima denunciara que el inspector le exigía dinero para permitirle salir del país sin inconvenientes migratorios. A partir de esa denuncia, el Ministerio Público organizó una entrega controlada del dinero, autorizada previamente por un tribunal, con el objetivo de documentar el presunto soborno y proceder con el arresto.
El operativo fue ejecutado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Fiscalía de La Altagracia y con apoyo de la Dirección General de Migración (DGM). El imputado fue detenido cuando presuntamente acudió a recibir el dinero en las inmediaciones de un establecimiento comercial.
De acuerdo con el Ministerio Público, Sánchez Terrero enfrenta acusaciones por presuntas violaciones al artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción administrativa; a los artículos 175 y 177 del Código Penal, relacionados con el soborno; además de disposiciones de la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El caso ha generado atención debido a que involucra a un funcionario encargado del control migratorio en uno de los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros del Caribe, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y combatir la corrupción en los servicios públicos. La decisión sobre la medida de coerción será conocida el 2 de julio.
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