SANTO DOMINGO.– Una investigación del Ministerio Público sacó a la luz un presunto esquema de corrupción que habría operado durante años dentro del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), utilizando vínculos familiares, fundaciones y empresas relacionadas para supuestamente desviar recursos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer.
El caso, denominado Operación Onco14, es considerado por las autoridades como una de las investigaciones más delicadas vinculadas al manejo de fondos públicos destinados al sistema de salud.
Arrestan a tres exdirectivos
Como parte de la operación fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exdirectiva de la entidad.
Según las autoridades, los tres habrían desempeñado roles clave dentro de una estructura que presuntamente mantenía el control administrativo, financiero y de supervisión de la institución.
Fondos para enfermos de cáncer bajo investigación
De acuerdo con el expediente, la presunta red habría utilizado recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), destinados a pacientes oncológicos del régimen subsidiado, para beneficiar a personas y entidades vinculadas a los investigados.
El Ministerio Público sostiene que la estructura aprovechó posiciones estratégicas dentro del patronato y del instituto para ejecutar maniobras financieras que permitían canalizar fondos mediante mecanismos considerados irregulares.
Empresas y fundaciones bajo la lupa
Las investigaciones señalan que las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, así como la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, forman parte de las operaciones financieras que actualmente son objeto de investigación.
Las autoridades alegan que estas organizaciones habrían servido como piezas fundamentales dentro del esquema que permitió movilizar recursos públicos destinados a la atención médica de pacientes con cáncer.
Siete años en el poder
El expediente indica que Héctor Antonio Lora Cruceta asumió la presidencia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer en octubre de 2018.
Aunque los estatutos establecían una gestión de dos años, permaneció en el cargo hasta octubre de 2025.
Para los investigadores, durante ese período se habría consolidado el control de áreas estratégicas de la institución, facilitando la ejecución de las operaciones que hoy son objeto de persecución penal.
Ocupan dinero, documentos y equipos electrónicos
Durante los allanamientos realizados por las autoridades fueron ocupados dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, vehículos, títulos de propiedad, documentos financieros, equipos DVR y otras evidencias que serán incorporadas al proceso judicial.
Enfrentan múltiples cargos
Los imputados deberán responder por acusaciones que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos, uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, explicó que esta constituye la tercera estructura presuntamente vinculada a fraudes contra el SeNaSa que ha sido desmantelada dentro de las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra.
Las autoridades sostienen que el objetivo principal del supuesto entramado era disponer de recursos económicos destinados a tratamientos médicos especializados, comprometiendo fondos públicos dirigidos a pacientes afectados por cáncer.
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