VERÓN–PUNTA CANA, LA ALTAGRACIA. El presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Verón–Punta Cana, Uridy Marte, respondió a los cuestionamientos realizados por el consultor jurídico municipal, Luis Manuel del Río, sobre la posibilidad de revisar resoluciones de gestiones anteriores.
La discusión surge luego de que Del Río cuestionara públicamente la revisión de decisiones administrativas antiguas, incluyendo una resolución vinculada a la donación de 120 metros cuadrados de terreno dentro del cementerio municipal de Verón.
De acuerdo con la posición expuesta por el jurídico, algunas de esas resoluciones datan de 2018 y años anteriores, por lo que citó disposiciones de la Ley 107-13 al considerar vencidos los plazos ordinarios para impugnarlas.
Marte pide explicar las donaciones
Ante esto, Marte sostuvo que, antes de debatir sobre la revisión de las resoluciones, corresponde explicar con claridad cómo se aprobaron las donaciones, bajo cuáles criterios y si los procesos fueron debidamente conocidos por la ciudadanía.
El presidente de la Sala Capitular afirmó que hubo donaciones aprobadas en sesiones a puertas cerradas, entre ellas —según sus declaraciones— terrenos otorgados presuntamente a una fundación.
También cuestionó que, en otro caso, se habrían donado más terrenos municipales, sin que quedara claramente establecido el metraje o la extensión exacta de lo entregado.
Marte señaló que la situación de los 120 metros cuadrados del cementerio municipal de Verón es un caso distinto dentro de la controversia.
Sobre ese punto, cuestionó la dimensión de la donación y planteó que debe aclararse el procedimiento, la ubicación, el destino y la forma en que fue conocida y aprobada.
“Debe haber transparencia”
El edil insistió en que toda resolución relacionada con terrenos del Ayuntamiento debe detallar con precisión la extensión, la ubicación, los beneficiarios, el destino de los terrenos y el mecanismo utilizado para autorizar la donación.
A su juicio, no pueden quedar aspectos fundamentales sujetos a interpretaciones posteriores cuando se trata de bienes que forman parte del patrimonio municipal y, por tanto, pertenecen a toda la comunidad de Verón–Punta Cana.
“Este no es un tema contra nadie; solo buscamos sentar precedentes y promover el respeto al patrimonio público, que debe ser una prioridad de todos”, expresó Marte.
La controversia mantiene abierto el debate sobre los mecanismos legales para revisar decisiones administrativas anteriores y sobre la obligación de garantizar publicidad, transparencia, claridad y rendición de cuentas en el manejo de los terrenos municipales.
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