SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una normativa que incorpora una serie de medidas económicas y tributarias destinadas a fortalecer las finanzas públicas, incentivar la inversión privada y reducir los efectos de la crisis internacional sobre la República Dominicana.
La iniciativa, aprobada previamente por el Congreso Nacional, forma parte de la estrategia del Gobierno para estimular el crecimiento económico, generar confianza en los sectores productivos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Amnistía fiscal para regularizar deudas
Uno de los puntos más relevantes de la nueva legislación es la creación de una amnistía fiscal temporal, que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con compromisos tributarios pendientes bajo condiciones especiales.
La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca ofrecer una nueva oportunidad a personas y empresas para regularizar su situación ante las autoridades fiscales.
Facilidades de pago e incentivos para contribuyentes
La ley también contempla mecanismos orientados a simplificar el cumplimiento tributario.
Entre ellos figuran acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), facilidades para saldar obligaciones pendientes e incentivos especiales para quienes realicen pagos anticipados o dentro de los plazos establecidos.
Las autoridades consideran que estas acciones contribuirán a mejorar la recaudación sin afectar la actividad económica.
Cambios en el Impuesto Sobre la Renta
La nueva normativa introduce además modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas.
Entre los cambios anunciados se encuentra una actualización de la escala impositiva a partir del año 2027, así como nuevas disposiciones relacionadas con las ganancias de capital derivadas de operaciones inmobiliarias.
Beneficios para propietarios de viviendas y sectores productivos
La legislación incluye igualmente exenciones para viviendas de uso habitual y una serie de incentivos fiscales dirigidos a distintos sectores productivos, con el objetivo de fomentar la inversión, impulsar la actividad económica y promover la generación de empleos.
Según el Gobierno, estas medidas forman parte de un paquete integral diseñado para fortalecer la resiliencia de la economía dominicana frente a los retos del entorno internacional.
Con la promulgación de la Ley 30-26, las autoridades buscan crear un clima más favorable para los negocios, aumentar la competitividad del país y ofrecer herramientas que ayuden a ciudadanos y empresas a enfrentar con mayor estabilidad los desafíos económicos actuales.
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