SANTO DOMINGO.– Representantes de empresas operadoras de bancas de apuestas deportivas legalmente establecidas en la República Dominicana solicitaron que el proyecto de Ley General de Juegos de Azar, que actualmente estudia el Senado de la República, sea sometido a un proceso de revisión más amplio antes de su aprobación.
La posición del sector fue presentada luego de una reunión con el doctor Quico Tabar, coordinador del Consejo de Seguimiento del Plan de Regularización de Juegos de Azar, donde se les invitó a respaldar mediante su firma el proyecto legislativo aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los representantes de las bancas deportivas consideraron que la propuesta requiere un análisis más profundo y participativo, en el que se escuchen las observaciones de todos los sectores involucrados.
Entre sus principales preocupaciones, advirtieron que el proyecto podría facilitar una mayor expansión de los juegos electrónicos y virtuales en espacios de libre acceso, lo que, según explicaron, haría más compleja la labor de supervisión por parte de las autoridades y aumentaría los riesgos para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Además, señalaron que la iniciativa necesita reglas regulatorias más claras, con el objetivo de evitar interpretaciones que permitan validar licencias cuestionadas y garantizar igualdad de condiciones para todos los operadores del sector.
Otro de los puntos planteados fue el tratamiento fiscal contemplado para algunas modalidades de juegos electrónicos y virtuales, aspecto que consideran debe ser revisado para asegurar un marco legal equilibrado.
Los operadores reiteraron que apoyan la modernización de la legislación sobre los juegos de azar en el país, pero insistieron en que esta debe garantizar transparencia, seguridad jurídica, equidad y una regulación efectiva, sin afectar el interés público.
Finalmente, hicieron un llamado a que el proyecto sea sometido a una evaluación integral, con la participación de todos los sectores vinculados, para construir una legislación moderna que fortalezca la industria, proteja las finanzas públicas, promueva la convivencia social y contribuya al bienestar de la familia dominicana.
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