Santo Domingo. – El Banco Popular Dominicano ha sido demandado por más de 912 millones de pesos, luego de que, supuestamente, se adjudicara de manera irregular una propiedad comercial en el sector Villa Consuelo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había anulado la sentencia que respaldaba esa acción.
La demanda fue presentada por los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte, quienes representan a los afectados. Según explican, el banco tomó posesión de la Plaza Club Empresarial, ubicada en la intersección de las calles Charle Pie y Juan de Morfa, aún cuando ya existía un fallo de la SCJ que dejaba sin efecto la sentencia que le daba derecho sobre el inmueble.
Los juristas alegan que al ser «casada» dicha sentencia por la Suprema Corte, el proceso debía retrotraerse al estado anterior, lo cual no ocurrió. En su lugar, afirman que el banco procedió con la transferencia del título del inmueble sin contar con una base legal válida, ya que la sentencia había sido anulada, no había crédito vigente para justificar un embargo, y resultaría jurídicamente contradictorio que el banco figure como embargante y propietario al mismo tiempo.
Actualmente, el caso involucra cuatro procesos judiciales activos en distintas salas del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y en el Tribunal de Tierras, donde también se está debatiendo la legalidad del traspaso del título.
Además, los abogados criticaron la actuación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Registro de Títulos del Distrito Nacional, alegando que ambas instituciones permitieron la transferencia de propiedad sin respetar el mandato judicial, lo cual –según los demandantes– vulnera el debido proceso legal.
En resumen, los representantes legales sostienen que el Banco Popular actuó fuera del marco jurídico, y que tanto las autoridades registrales como fiscales fallaron en su responsabilidad de garantizar la legalidad del traspaso inmobiliario.
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