SANTO DOMINGO.— El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó que depositó una querella ante el Ministerio Público contra su excontador, Luis Pérez, por un presunto desfalco ascendente a RD$64,576,829.23 en el Instituto de Previsión y Protección Social del Médico (IPPS).
Según la institución, los hechos denunciados habrían ocurrido durante el período comprendido entre los años 2018 y 2025.
Actual gestión detectó las irregularidades
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, explicó que las irregularidades fueron detectadas por la actual administración del gremio, junto a la Dirección Ejecutiva del IPPS, encabezada por la doctora Jenny Kranwinkel y su equipo técnico.
Tras identificar la situación, la Junta Directiva Nacional ordenó una investigación técnica para recopilar los elementos que pudieran sustentar responsabilidades penales.
El gremio aseguró que el expediente fue preparado con los elementos de hecho y de derecho requeridos y ya fue depositado formalmente ante las autoridades competentes.
Ministerio Público deberá investigar
Peña Núñez sostuvo que corresponde ahora al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales vinculadas al caso.
El CMD indicó que evitará emitir declaraciones adicionales que puedan afectar el curso de las investigaciones, al tiempo que reafirmó que respetará el debido proceso.
La querella representa una denuncia formal; corresponde a las autoridades establecer, mediante la investigación, si se configura o no responsabilidad penal.
Prometen reforzar controles financieros
El presidente del gremio médico reconoció que el caso afecta la confianza institucional y aseguró que su gestión tomó medidas para detener posibles salidas irregulares de recursos y fortalecer los mecanismos de control financiero del IPPS.
La entidad afirmó que los fondos involucrados pertenecen a sus médicos colegiados y adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevos beneficios y medidas de mejora para sus afiliados.
El CMD aseguró que su objetivo es recuperar la confianza institucional, proteger el patrimonio de los médicos y permitir que la justicia determine los hechos.
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