PUNTA CANA, La Altagracia. Un inspector de control migratorio fue arrestado por el Ministerio Público luego de ser acusado de exigir un soborno de RD$100 mil a una mujer a cambio de facilitar su salida hacia el Reino de España a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El detenido fue identificado como Carlos Javier Sánchez, quien, según la investigación, habría solicitado el dinero para permitir que la pasajera abordara su vuelo sin inconvenientes migratorios.
Sin embargo, la víctima denunció el hecho ante las autoridades, lo que dio inicio a una investigación encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con el respaldo operativo de la Dirección General de Migración (DGM).
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público obtuvo autorización judicial para realizar una entrega controlada del dinero, una técnica especial de investigación que permitió documentar el presunto acto de corrupción y detener al imputado en el momento en que iba a recibir los RD$100 mil.
El operativo fue autorizado mediante el Auto No. 02535-2026, emitido el pasado 26 de junio por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega fue supervisada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
De acuerdo con las autoridades, Carlos Javier Sánchez fue arrestado fuera de un establecimiento comercial inmediatamente después de intentar recibir el dinero marcado por los investigadores.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará medidas de coerción contra el imputado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
Las autoridades indicaron que este caso forma parte de la estrategia implementada para combatir la corrupción administrativa y perseguir a los funcionarios que utilicen sus cargos para obtener beneficios económicos ilegales, especialmente en áreas sensibles como los controles migratorios de los aeropuertos del país.
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