Por: Juancito Pérez.
Recientemente, la Provincia La Altagracia ha sido testigo de una controversial iniciativa legislativa que, lejos de unir, parece haber ahondado las divisiones entre sus territorios. Un grupo de diputados ha impulsado una propuesta para modificar el artículo 24 de la Ley 368-22, lo que ha generado una justificada preocupación, especialmente en los distritos municipales de Verón Punta Cana y La Otra Banda.
Una clasificación discriminatoria e inaceptable.
Con esta modificación, los legisladores han creado de facto dos tipos de ciudadanos: los de primera clase —aparentemente los del municipio cabecera— y los de segunda, los de los distritos excluidos de manera tácita. Esta acción legislativa parcial y excluyente atenta contra el desarrollo humano, social y económico de las zonas más dinámicas y estratégicas de la provincia: Verón y La Otra Banda.
La sospecha crece cuando observamos que estos territorios ni siquiera figuran en el radar político de algunos congresistas, posiblemente porque allí no obtuvieron respaldo electoral esperado. Eso explicaría la intención de debilitar su representación y obstaculizar su progreso mediante reformas a la ley que rayan en el absurdo legal y técnico.
Considerandos sin sentido y párrafos estériles.
La redacción de los siete considerandos del proyecto deja mucho que desear. Más que sustento jurídico o técnico, lo que muestran es una alarmante falta de conocimiento del territorio y del marco legal vigente. Incluso, algunos párrafos del proyecto —como el III— constituyen un auténtico “arroz con mango” legislativo, carente de coherencia y difícil de entender incluso para su propio autor.
Los párrafos I y II, por su parte, no aportan ninguna novedad respecto al contenido actual de la ley, haciéndolos innecesarios.
Intromisión del Ejecutivo y desconocimiento municipal.
Proponer la creación de un comité intermunicipal coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) constituye una violación al principio de autonomía municipal. Ni ese ministerio, ni la Liga Municipal Dominicana tienen representación efectiva en la provincia, y mucho menos legitimidad para imponer directrices desde la capital sobre territorios con dinámicas locales propias.
Además, pretender que los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) sean coordinados por un ente externo desconoce totalmente que cada alcalde debe presentar un Plan de Gobierno ante la Junta Central Electoral para ser electo. Ese plan representa el compromiso de desarrollo con sus ciudadanos. Imponer “recetas” desde oficinas con aire acondicionado en Santo Domingo revela una desconexión con la realidad local.
Un proyecto político, no legislativo.
Lejos de representar una acción legislativa genuina, este proyecto parece una estrategia política. El objetivo real sería entorpecer la aplicación plena de la Ley 368-22 y evitar que el alcalde de Verón Punta Cana, Manolito Ramírez, continúe fortaleciéndose políticamente. Esta maniobra es aún más evidente al conocer que el vocero del grupo promotor del proyecto es hijo del actual senador de la provincia, y que se comenta abiertamente que Manolito podría aspirar a la senaduría en las próximas elecciones.
¿Quiénes son los verdaderos responsables de que Higuey ya no reciba el 50/50?
Es importante dejar claro que la Ley 368-22 fue aprobada por un Congreso controlado por el PRM y promulgada por el presidente Luis Abinader, también del PRM. Por tanto, acusar a Manolito Ramírez de “quitarle recursos a Higüey” no solo es falso, sino absurdo. Los verdaderos responsables de que el acuerdo 50/50 entre Verón e Higüey quedara sin efecto son los legisladores de la provincia que aprobaron la ley en 2022, ya que a la sazón, teníamos 5 diputados y un senador que sus votos están registrados en los archivos del congreso. Yo los tengo, sé como votó cada uno.
Culpar ahora a Manolito es como culpar a la partera porque el niño nació poco agraciado con la belleza.
Higüey no quebrará por esta ley.
El argumento de que Higüey colapsará financieramente por la Ley 368-22 carece de sustento. Se decía lo mismo cuando se construyó la Autovía del Este, y en lugar de quebrar, Higüey experimentó un auge económico. Tampoco es cierto que Verón tenga los recursos para resolver todos sus problemas. Tanto Verón como Higüey requieren de mayores fondos, pero estos deben salir de las arcas del Gobierno Central, no del enfrentamiento entre alcaldías.
Conclusión.
Más que una diferencia técnica, lo que estamos presenciando es una pugna política disfrazada de preocupación legislativa. Si existe un déficit en la aplicación de la ley, que el gobierno central —no los municipios— asuma su responsabilidad y dote a ambas demarcaciones de los recursos que necesitan. El desarrollo de Verón no debe ser visto como una amenaza para Higüey, ni viceversa.
La provincia necesita unidad y visión de futuro, no tácticas dilatorias ni villanos inventados.
