Verón-Punta Cana.- El Ayuntamiento del Distrito Turístico Verón–Punta Cana recibe un espaldarazo contundente con la reciente comunicación emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, dirigida por Antoliano Peralta Romero, en la que se confirma que la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos está vigente desde el 24 de diciembre de 2022. Esta validación jurídica fortalece los argumentos del alcalde Manolito Ramírez, quien desde mayo rompió con el acuerdo “50/50” con Higüey y asumió con firmeza el control de la Oficina de Planeamiento Urbano local, amparado en dicha ley.
El artículo 24 de la normativa otorga a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes y capacidad recaudatoria la competencia exclusiva para gestionar su uso de suelo, emitir permisos de construcción y ordenar su territorio. Manolito Ramírez ha sido enfático en defender la autonomía de Verón–Punta Cana frente a trabas impuestas por otras instancias del gobierno central y por el Ayuntamiento de Higüey, que insiste en desconocer esta realidad legal. Con el respaldo del Ejecutivo, se reafirma que Verón no solo tiene derecho, sino también el deber, de regular su desarrollo urbano.
La postura oficial llega en un momento clave, con más de 30 proyectos inmobiliarios paralizados por la negativa del Ministerio de Vivienda (Mived) a reconocer las certificaciones emitidas por la Junta Distrital. Ahora, con la certeza jurídica brindada por el Gobierno, se espera que las instituciones públicas alineen sus acciones con la ley vigente, permitiendo así el avance de inversiones millonarias en la zona. Esta victoria legal no solo fortalece la gestión de Manolito Ramírez, sino que refuerza la lucha por la autodeterminación de los territorios turísticos que apuestan por un desarrollo ordenado y sostenible.
