BÁVARO–PUNTA CANA.– La denuncia publicada por Bávaro Digital sobre un presunto cobro de dinero para impedir la deportación de una ciudadana haitiana detenida en Friusa ya tiene una respuesta directa de la Dirección General de Migración (DGM).
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, se comunicó directamente con la victima en la zona para conversar con el denunciante, Geraldo Ulises Desí Gómez, quien presentó conversaciones, un comprobante de depósito y otras evidencias relacionadas con el caso.
Tras la publicación, la institución también estableció comunicación con Dayli Albuez, directora de Bávaro Digital, y con Uridy Marte, presidente del Consejo de Regidores de Verón–Punta Cana.
La denuncia: llamada, depósito y retorno desde la frontera
Desí Gómez sostiene que su empleada fue detenida por agentes migratorios en el Hoyo de Friusa y que, mientras era trasladada en un camión hacia Verón, ella logró llamarlo por teléfono.
Según su relato, durante esa comunicación una persona que identificó como agente de Migración tomó el teléfono y le habría solicitado RD$30,000 para “resolver” el caso y evitar la deportación.
El denunciante afirma que posteriormente fue puesto en contacto con un ciudadano haitiano que se presentaba como mediador. El monto supuestamente aumentó a RD$50,000, pero finalmente entregó RD$30,000 para ayudar a la joven.
Como evidencia, presentó un comprobante de depósito realizado a nombre de Rosibel Tapia Caraballo, por la suma de RD$30,000, además de conversaciones y una imagen del boleto con el que la joven habría regresado hacia la zona de Verón–Bávaro–Punta Cana, luego de haber llegado a la frontera.
Migración inicia investigación
Durante el llamada con Desí Gómez, el director general de Migración aseguró que la institución se ha puesto a disposición para esclarecer los hechos y que se inició una investigación sobre la denuncia.
Como parte de las diligencias, las autoridades también han estado interrogando a la ciudadana haitiana vinculada al caso, a fin de conocer directamente su versión sobre la detención, los traslados y el supuesto proceso que culminó con su retorno a Punta Cana.
La investigación deberá determinar quiénes participaron en las comunicaciones, cuál era su vínculo con el proceso migratorio, a quién llegó el dinero depositado y si existieron intermediarios o actuaciones irregulares.
La aplicación de la ley migratoria corresponde al Estado; lo que ahora debe quedar claro es si alguien intentó convertir una detención en un negocio.
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