SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó este miércoles modificaciones a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de reforzar los controles sobre el financiamiento político y evitar la infiltración de recursos vinculados a actividades ilícitas.
La iniciativa busca fortalecer la transparencia, la legalidad y los mecanismos de supervisión dentro del sistema político dominicano.
Buscan impedir entrada de dinero del narcotráfico
Entre los principales cambios aprobados figuran nuevas medidas orientadas a prevenir el ingreso de fondos procedentes del narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilegales dentro de los partidos políticos.
La pieza también establece requisitos de integridad y procesos de “debida diligencia” durante la escogencia de candidatos y autoridades internas de las organizaciones políticas.
JCE tendrá mayor poder de supervisión
Con las modificaciones, la Junta Central Electoral (JCE) ampliará sus facultades de supervisión y control sobre los procesos internos y el manejo financiero de los partidos.
Asimismo, la legislación contempla la implementación de programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas para fortalecer la vigilancia y prevenir irregularidades.
Senado busca reforzar transparencia política
Las modificaciones fueron aprobadas en medio de crecientes preocupaciones sobre la necesidad de blindar el sistema político frente a posibles vínculos con estructuras criminales y financiamiento ilícito.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha respaldado iniciativas enfocadas en fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones democráticas.
Proyecto modifica varios artículos de la Ley 33-18
La propuesta introduce cambios en varios artículos de la legislación vigente desde el año 2018, buscando consolidar mayores niveles de control, legalidad y transparencia dentro de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país.
Con esta medida, las autoridades buscan reforzar los mecanismos de fiscalización y reducir los riesgos de infiltración criminal en la política dominicana.










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