Por Hendrich Ramírez Procurador Fiscal
Hasta hoy, el Código Penal dominicano de 1884 guardaba un silencio inquietante frente a una de las formas más crueles de violencia: la de quien, sin levantar un arma ni tocar a su víctima, la empuja hacia la muerte con palabras, presión constante o manipulación emocional. Quien inducía, instigaba o persuadía a otra persona a quitarse la vida no encontraba, en la legislación vigente, una figura penal específica que respondiera a esa conducta. La nueva Ley No. 74-25, que entrará en vigor en agosto, cierra esevacío con una claridad que, como fiscal, celebro: por primera vez, la inducción al suicidio y la cooperación con él se convierten en delitos autónomos, con penas severas y un catálogo de agravantes que reconoce las realidades más dolorosas que enfrentan nuestras víctimas.
El artículo 96 del nuevo Código, bajo el título de “Inducción al suicidio”, sanciona con dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos a quien induzca, instigue o persuada a otra persona a cometer suicidio. Pero la norma no se queda ahí: su párrafo eleva la pena a un rango de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos cuando concurre alguna de siete circunstancias agravantes, entre ellas que la víctima sea un niño, niña o adolescente; que padezca depresión o algún trastorno mental; que exista o haya existido un vínculo afectivo o emocional entre el inductor y la víctima; que se trate de una mujer embarazada; que haya un vínculo familiar de descendencia o ascendencia; que exista una relación laboral entre ambos; o que la víctima sea mayor de sesenta años o tenga alguna discapacidad.
El artículo 97, por su parte, tipifica la “Cooperación al suicidio” —es decir, la colaboración material con actos que conducen a la muerte de otra persona—, con una pena base de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos, que se agrava hasta diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos cuando concurren las mismas circunstancias agravantes previstas para la inducción.
Como fiscal que ha trabajado de cerca en la atención a víctimas de violencia de género, entiendo el peso real de esta reforma. El catálogo de agravantes no es un ejercicio técnico: es el reconocimiento legislativo de patrones que la práctica judicial conoce bien. La mención expresa a la existencia de un vínculo afectivo pasado o presente responde a una realidad devastadora: la del acosador que, tras el fin de una relación, presiona psicológicamente a su expareja hasta empujarla al límite. La inclusión de larelación laboral apunta a los casos de acoso sistemático desde una posición de poder. Y la referencia a la salud mental de la víctima obliga a que, en adelante, la vulnerabilidad emocional de una persona no sea un atenuante para quien se aprovecha de ella, sino una razón para aumentar la pena de quien la instiga.
Un caso real ayuda a entender por qué esta figura era tan necesaria. En julio de 2014, en Massachusetts, Estados Unidos, un joven de 18 años, Conrad Roy III, se quitó la vida por envenenamiento con monóxido de carbono dentro de su vehículo. La investigación reveló que, en las semanas previas, su novia, Michelle Carter, entonces de 17 años, le había enviado decenas de mensajes de texto insistiéndole en que siguiera adelante con su decisión, incluso en los momentos en que el joven mostraba dudas y miedo. Según la evidencia presentada en el juicio, Carter llegó a decirle que ya estaba listo y que no debía seguir posponiéndolo, y la noche de su muerte permaneció al teléfono escuchando lo que ocurría sin llamar a la policía ni a la familia del joven. Los tribunales de Massachusetts la condenaron por homicidio involuntario, en un caso que se volvió referencia obligada en el mundo por tratarse, esencialmente, de una muerte inducida a distancia, únicamente con palabras.
Ese es exactamente el tipo de conducta que los artículos 96 y 97 de nuestro nuevo Código Penal buscan prevenir y sancionar de forma directa, sin que el fiscal dominicano tenga que forzar la figura de homicidio para encuadrar un caso así. Nótese, además, cómo el caso Carter encaja con varias de las agravantes previstas en la ley dominicana: existía un vínculo afectivo entre ambos jóvenes, la inducción ocurrió por un medio digital, y la propia Carter era menor de edad al momento de los hechos —aunque Roy, la víctima, ya había cumplido los 18 años—. De haber ocurrido en nuestro país bajo el nuevo Código, una conducta como la de Carter habría encuadrado directamente en la inducción al suicidio agravada del artículo 96 por el vínculo afectivo y el medio digital empleado, con una pena de cinco a diez años de prisión mayor, sin necesidad de recurrir —como debió hacerse en Massachusetts, en medio de una intensa controversia jurídica sobre los límites de la libertad de expresión— a una figura genérica como el homicidio involuntario.
Es una figura que, además, dialoga directamente con los tiempos que vivimos. En una época en la que la presión y el hostigamiento pueden ejercerse igual desde un mensaje de texto que desde una conversación cara a cara, tener un tipo penal claro para la inducción al suicidio —conectado, como ya hemos comentado, con las nuevas figuras de acoso y ciberacoso del propio Código— le da al Ministerio Público una herramienta que hasta ahora simplemente no existía. La ley no puede devolverle la vida a nadie, pero sí puede, por fin, nombrar y sancionar a quien contribuyó a arrebatarla.
Leave a comment